El conflicto amazónico (Por Martha Raffo Meiggs - LaRepublica.pe)

En el Perú existen 71 etnias con 67 lenguas de pueblos originarios agrupados en 15 familias etnolingüísticas, un total de 1786 comunidades indígenas, ubicadas en 11 regiones, convirtiendo al Perú en el país más heterogéneo de América Latina, según los resultados del II Censo de Comunidades Indígenas (2007), presentado en el Congreso por INEI e INDEPA en febrero del 2009. El Estado, además, ha suscrito un conjunto de instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos individuales y colectivos de todos los peruanos, entre ellos el Convenio 169 de la OIT.

Las demandas planteadas desde agosto 2008 por las comunidades indígenas representadas por AIDESEP han puesto en la agenda pública nacional los derechos colectivos de los pueblos indígenas, largamente olvidados y muchas veces violentados, entre ellos los derechos colectivos a sus tierras y territorios. Los pueblos indígenas tienen una relación espiritual, profunda con sus territorios
y sus recursos naturales: su pasado, historia e identidad están inscritos en el territorio, con-stituye el espacio que les pro-porciona lo indispensable para su bienestar, además de garantizar el ejercicio de otros derechos como son: la salud, la cultura, el ejercicio de la religión, entre otros.

En estos meses de demandas y negociación, los pueblos y organizaciones indígenas han dado pasos significativos para dejar de ser considerados objeto de políticas y convertirse en sujetos o actores sociales, que aportan en la formulación de políticas públicas, con los cuales será necesario dialogar y lograr acuerdos concertados, para la implementación de políticas y planes de desarrollo. Estas iniciativas de desarrollo impulsadas desde el gobierno local o central, deben considerar y responder a las necesidades identificadas por los propios pueblos, reforzar sus iniciativas, ser respetuosos del equilibrio ambiental y la armonía con la naturaleza.

Los pueblos indígenas tienen además el derecho de participar en los programas de salud, educación, y demás programas sociales que les conciernen. En este campo existen experiencias significativas impulsadas por las mismas comunidades indígenas que cuentan con “planes de vida” con los cuales inician procesos de ordenamiento territorial en sus comunidades, que constituyen un valioso aporte y punto de partida para procesos de desarrollo local. Existen también experiencias orientadas a asegurar una educación pertinente y de calidad para niños, niñas indígenas en las comunidades, formación de maestros indígenas bilingües, iniciativas que requieren ser recogidas y apoyadas por el Estado.

Las demandas indígenas, nos muestran también que, aunque valiosos, los mecanismos de participación ciudadana existentes en el país son insuficientes: no garantizan la opinión y los aportes de los indígenas en los programas, proyectos o políticas que están vinculadas a sus derechos. Es evidente la necesidad de reglamentar los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada que reclaman los pueblos indígenas y permitirán procesos más sostenibles de desarrollo y bienestar para todos los peruanos.

El país iniciará en poco tiempo sus procesos electorales (municipal, regional), cabe entonces preguntarse: ¿cuántos de los programas o propuestas de gobierno de partidos o movimientos políticos incorporan el respeto de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas?

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